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En los últimos 20 años, la gestión de riesgos ha sido objeto de grandes reformas en la región latinoamericana. En línea con trabajos académicos, como el de La Red, notorios esfuerzos institucionales han permitido pasar del tratamiento de la amenaza al tratamiento del riesgo, y luego hacer hincapié en la noción de vulnerabilidad afianzada con las problemáticas de desarrollo. La década internacional para la reducción de riesgos de desastres, en los noventa, y la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, aún vigente, son iniciativas que ilustran esta tendencia.

A escala nacional, y a partir de la segunda mitad de los años 2000, los Estados de la región han ido modificando sus sistemas nacionales de gestión de riesgos (Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, entre otros). En cierta medida, las reformas intentan contemplar los riesgos como una problemática de desarrollo, y ya no solamente como una situación de emergencias para las cuales hay que prepararse. En paralelo, se mantiene el esfuerzo en gestión y fortalecimiento del manejo de crisis o emergencias. Cabe citar, como ejemplo, el programa regional Predecan, financiado por la CAF. En esta reconfiguración político-institucional, destaca el modelo de gestión de riesgos, que diferencia una gestión correctiva (que incide en lo que ya existe) de una gestión prospectiva (enfocada en incidir en la planificación). A ellas se asocia la necesaria gestión de crisis o emergencias.

En ninguno de los países desaparecen los obstáculos y problemas político-institucionales en la gestión de riesgos, sino que se recomponen. Y, a su vez, participan de la recomposición de las condiciones de riesgo. La dimensión político-institucional de la gestión de riesgo sigue siendo una condicionante de la vulnerabilidad de la gente y del territorio, en al menos tres puntos: 

• El aparato político-institucional: Enmarca la gestión de riesgo dentro de una serie de paradigmas y procedimientos que influencian en las soluciones y acciones emprendidas. A menudo, los sistemas recién reformados resultan ser una traducción nacional de grandes ideas e influencias globales que no necesariamente se adecuan a especificidades locales.
• La dimensión político-institucional: Se empareja con aspectos político-territoriales e intereses contradictorios en el terreno. A través del riesgo, se plantean cuestiones de escala y de geopolítica local relacionadas con el control y la gestión territorial. La gestión de riesgo, como instrumento de gestión territorial, puede ser usada o instrumentalizada por motivos ajenos al riesgo, lo que ocasiona efectos contrarios al interés de desarrollo que se propone.
• La dimensión político-institucional: Cristaliza aspectos materiales e inmateriales del riesgo. Por un lado, se pueden considerar los recursos, equipamientos, elementos esenciales o equipos de intervención de las diferentes instituciones; por otro lado, es posible referirse a los paradigmas, objetivos, o a la priorización de las políticas públicas, acciones y actividades contempladas.

La presente publicación permitirá conocer diversas experiencias nacionales y locales de reforma, así como documentar algunas de las consecuencias de esas reformas.